Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra los alcaldes de Armenia y Calarcá

22 May Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra los alcaldes de Armenia y Calarcá

El mandatario no ha sido suspendido de su cargo, pero la Procuraduría sí anunció juicio disciplinario. 

La Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, y 9 alcaldes más, entre ellos Luis Alberto Balsero Contreras, del municipio de Calarcá, por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Durante la rueda de prensa conjunta, adelantada en la tarde de este jueves por el bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, se anunció que también se harán imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra la exdirectora de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez, y contra el secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.

¿Qué encontraron los investigadores de la Fiscalía?

Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las verificaciones de los investigadores dan cuenta de presuntas irregularidades en el contrato N° 002, suscrito entre la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de $350.000.000.

“El material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales”.

Según el informe de la Fiscalía, 5 personas son investigadas y serán imputadas, entre ellas el alcalde, según su nivel de participación, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado, y peculado en la modalidad de tentativa.

Por su parte, la Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria al alcalde y 4 funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de 4 contratos de suministros por más de $1.590.000.000. Se trata de la Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez (para la época de los hechos), y el subdirector, José Javier Acero Osorio; del secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquiza (para la época de los hechos).

El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500.000.000; 02, por $350.000.000; 03, por $300.000.000, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.

El caso de Calarcá

En cuanto al municipio de Calarcá, se debe recordar que desde el 20 de abril la Procuraduría Provincial de Armenia ordenó la suspensión por 3 meses de Balsero Contreras; y del secretario administrativo de ese municipio, José Winser Garzón Tobaría, debido a un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización del representante legal de la empresa contratista. 

De igual manera, la Procuraduría anunció otra investigación contra Balsero Contreras por presuntas irregularidades  al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia sanitaria por covid-19.

La decisión también vincula al secretario Administrativo, José Winser Garzón Tobaría; al subsecretario Administrativo, Juan José Correa Lopera; al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias, y al contratista, Jhon Jairo Botero Sabogal.

El ente de control investiga si el contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia 223 del año 2020, se suscribió bajo alguna circunstancia excepcional contemplada en la normativa vigente para declarar la urgencia manifiesta, mecanismo que solo procede para la adquisición de bienes y servicios para evitar o mitigar el impacto de una emergencia.

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