Joven que busca retirar la placa del túnel denuncia intimidaciones

25 Nov Joven que busca retirar la placa del túnel denuncia intimidaciones

El Consejo de Estado definirá la suerte de la placa que lleva el nombre del Presidente Iván Duque.

«Gente que quiere ser protagonista, desocupada, sin oficio, ridícula, resentida, entre otros», son algunos de los comentarios que la joven abogada Marla Gutiérrez ha recibido en sus redes sociales desde que se conoció que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el retiro de la placa que se instaló en el túnel de La Línea.

La joven que interpuso la acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Vías (Invias) y el Ministerio de Transporte, con el fin de que se retire la enorme placa, reveló que ha recibido comentarios intimidantes en sus redes sociales.

«Me han escrito bastantes mensajes negativos, aunque los positivos también han sido muchos. Todavía no hay una amenaza contundente porque en su mayoría provienen de cuentas falsas, pero sí es un poco incómodo y me pone a reconsiderar muchas cosas como andar sola por la calle y tener un poco de seguridad al momento de ir a algún sitio», comentó la abogada.

Ante esto, la mujer ha pedido que no se revele su lugar de residencia por seguridad. Al tiempo que espera que el Consejo de Estado defina el futuro de esta placa que a tan solo unos meses de instalada ya ha causado polémica.

Esta estructura que lleva el nombre del Presidente Iván Duque Márquez, la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez y varios funcionarios más del Gobierno Nacional, fue develada al público durante la inauguración del Túnel de la Línea el pasado 4 de septiembre.

Vamos a poner un derecho de petición para establecer cuánto costó la placa y si hay lugar a detrimento patrimonial

Para Gutiérrez, esta placa está vulnerando el decreto 2759 de 1997 en su inciso 2, pues allí se prohíbe la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso.

«Estamos esperando que el Consejo de Estado confirme la decisión de primera instancia, sin embargo esta decisión del Tribunal del Atlántico ya es un precedente porque es la primera vez que se aplica este decreto. Vamos a poner un derecho de petición para establecer cuánto costó la placa y si hay lugar a detrimento patrimonial», señaló la joven abogada.

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